La Segunda Sala Nacional de Apelaciones en lo Penal votó el recurso de apelación rechazando la solicitud del Ministerio de Asuntos Públicos de suspender las actividades políticas de las Fuerzas Populares por dos años y medio. La persona fue investigada por presunto lavado de activos en el marco, caso Odebrecht.
En audiencia virtual celebrada este miércoles, el fiscal superior Wilfredo Mendoza solicitó declarar infundada la solicitud de fiscalización judicial del partido defensor del grupo político y que el Ministerio de Asuntos Públicos exigió la suspensión de Fuerza Popular por dos años.
Señaló que, si bien las medidas de fiscalización judicial permiten solicitar información financiera, esto no garantiza el riesgo de contratar organizaciones políticas para importar recursos impregnados.
Mediante esta situación, el abogado de Fuerza Popular, Christian Salas señaló que los efectos lesivos del delito de lavado de activos tienen que ver con afectaciones a los ámbitos financiero, económico, democrático.
Tras escuchar los alegatos de las partes, el presidente del tribunal, Iván Quispe Aucca, señaló que se estaba debatiendo el recurso de apelación de la Fiscalía y notificó a las partes en el domicilio económico de la decisión.
En diciembre de 2020, el Poder Judicial rechazó el pedido del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, de suspender por dos años y medio las actividades políticas del partido Fuerza Popular.
El juzgado, sin embargo, dictó una medida contra el partido. Según la resolución, por un plazo de dos años, Fuerza Popular deberá enviar al Poder Judicial, cada quince días, información sobre sus deudas, los recursos y el financiamiento de campaña.