miércoles, junio 29, 2022
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Obras públicas para reactivar la economía: potenciémoslas con capital privado

Durante el discurso para obtener el voto de investidura, el primer ministro Walter Martos indicó que la inversión pública sería una herramienta importante para reactivar la economía y generar empleo en el país.

 Si bien no es novedad la necesidad imperativa de cerrar la brecha en infraestructura en el Perú, hoy más que nunca, la inversión pública es uno de los puntos más urgentes de la agenda económica. En ese contexto, proponemos la creación de un régimen especial que permita a las empresas del sector privado financiar parte de proyectos de infraestructura pública sin asumir su ejecución y aplicar dicha inversión contra su impuesto a la renta.

Se trataría de un mecanismo distinto al de Obras por Impuestos, pues este no ha venido cumpliendo las metas de inversión planteadas por el Ministerio de Economía y Finanzas en los últimos años, principalmente porque las empresas son reticentes a asumir el riesgo de la ejecución de los proyectos y por la incertidumbre que existe en el monto que efectivamente recuperarán en impuestos.

Además, Obras por Impuestos supone ceder el control sobre la construcción de las obras al privado. En ese sentido, el mecanismo que planteamos pretende corregir algunas de dichas deficiencias, devolviendo al Estado la ejecución de los proyectos, y logrando a la vez, que los recursos de las entidades públicas no se comprometan directamente, permitiendo al Estado destinarlos a otros fines (como, por ejemplo, fortalecimiento del sistema de salud).

Para que el mecanismo funcione, las empresas privadas deberían poder elegir las obras a financiar (sea parcial o totalmente) de una lista de proyectos formulados, priorizados y aprobados, según las normas de inversión pública, cuya ejecución se mantendría bajo el Sistema Nacional de Control.

 A diferencia del mecanismo de Obras por Impuestos convencional, en el que la empresa privada asume el 100% del riesgo de construcción y ejecución de la obra, en este caso, se limitaría a actuar como un financista del proyecto. El repago se materializaría con la deducción del monto invertido del impuesto a la renta que la corresponda a tal empresa privada, cuando dicha renta exista.

Las inversiones de todas las empresas privadas que decidan participar de este mecanismo serían canalizadas y administradas a través de un fideicomiso, cuyo fiduciario sería designado por el Estado. Esta figura permitiría sumar los aportes de varias empresas para destinarlos a un solo proyecto. De esta manera, el mecanismo sería viable para empresas de todo tamaño, lo que generaría la posibilidad de financiar proyectos de grandes, creando economía de escala.

De esta manera, las empresas del sector privado generarían goodwill en el área de influencia del proyecto en el que invirtieron, cierto nivel de control sobre el destino de sus impuestos y trasladar el riesgo construcción al Estado. Este obtendría financiamiento a costo cero para llevar a cabo las obras necesarias para acortar la brecha en infraestructura, cumpliendo con el objetivo de reactivar la economía y generar empleo, tan necesario en esta coyuntura.

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