lunes, julio 4, 2022
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Investigan entrega de canastas a funcionarios de la municipalidad de Puente Piedra

La Fiscalía Especilizada Anticorrupción de Lima Noroeste incautó documentos sobre la entrega de víveres en la municipalidad de Puente Piedra.

El Ministerio Público de Lima Noroeste, abrió investigación preliminar funcionarios de la municipalidad de Puente Piedra tras ser acusados presuntamente por recibir canastas de víveres que eran destinadas para las familias más vulnerables durante el estado de emergencia.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Noroeste, con el apoyo de la División de Alta Complejidad de la PNP, ingresó ayer a la Municipalidad Distrital de Puente Piedra para investigar la presunta entrega irregular de canastas básicas familiares por el COVID-19 a 24 funcionarios y servidores de otras entidades del Estado, que no se encontrarían en situación vulnerabilidad.

La diligencia de exhibición y recojo de documentos relacionados con el proceso de distribución de dicha ayuda social fue conducida por el fiscal adjunto provincial, Wilner Pasco Delgado, como parte de la investigación preliminar por el delito de peculado contra los que resulten responsables.

Según información remitida por la Contraloría General de la República, un total de 24 trabajadores estatales habrían recibido las canastas de víveres adquiridas con el presupuesto de emergencia Covid-19, a pesar de estar percibiendo un sueldo del Estado.

El Ministerio Público busca verificar dicha información a través de diversas diligencias para esclarecer si se incurrió en un delito.

Por su parte, la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) distribuyó a los respectivos Despachos Fiscales de 38 sedes anticorrupción a nivel nacional, los 4212 datos de funcionarios y servidores públicos a quienes se habría entregado irregularmente las canastas básicas familiares de emergencia COVID-19, conforme a un informe solicitado a la Contraloría General de la República.

Dicho proceso inició primero con la clasificación, por rango de jurisdicción fiscal, de un total de 880 municipalidades distritales y provinciales, presuntamente involucradas en este mencionado hecho que estaría enmarcado en el delito de peculado.

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