Fiscal presenta denuncia constitucional contra Merino por caso Inti Sotelo y Bryan Pintado

A.C

Luego de la averiguación previa a las marchas de noviembre de 2020 que provocó la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, la Fiscal de la Nación Zoraida Avalos presento una denuncia constitucional en contra de Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo.

De acuerdo al comunicado, estos altos funcionarios fueron acusados ​​de homicidio, lesiones graves y lesiones leves (eventualmente de manera fraudulenta) como autores (por negligencia indebida) por no cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales en el ejercicio de sus funciones.

Merino de Lama, Flores-Aráoz y Gutiérrez Limo eventualmente recurrirán al fraude porque han estado al tanto de las manifestaciones sociales que se han producido desde el 9 de noviembre de 2020 y por su situación nacional e internacional los medios informaron esto, y organismos internacionales.

Según la denuncia, el imputado tiene una posición dominante en el cuerpo policial y tiene información oficial de que las protestas se intensificarán. Por lo tanto, es previsible que se tome una represión desproporcionada. Sin embargo, no se ordenaron medidas para controlar o mitigar estas acciones. En cambio, se les permitió continuar, lo que resultó en 2 muertos y 78 ciudadanos que hasta el momento han confirmado heridas leves y graves, quienes participaron en la referida movilización social.

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Por otro lado, la petición constitucional también indica que el ejercicio del derecho constitucional de protesta está amparado por nuestro ordenamiento jurídico; si bien, si las actividades antes mencionadas exceden los límites permitidos por la ley, el Estado puede recurrir a la fuerza pública para intervenir y restablecer el orden público, se debe considerar que esto debe hacerse de manera estrictamente necesaria y proporcionada, tal como lo garantiza nuestra constitución política y el derecho internacional de los derechos humanos.

En todos los casos anteriores, la fiscal Zoraida Ávalos solicitó a la presidenta del Congreso que aclare las obligaciones del país en virtud del derecho internacional por violaciones de derechos humanos, y que lleve a cabo la revisión de elegibilidad de las denuncias constitucionales y proporcione los procedimientos correspondientes.

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