Dudas y cuestionamientos: un análisis de la sentencia contra Vicente Pastor por caso de violación

El Poder Judicial declaró culpable al exalumno del colegio Markham por violación sexual contra adolescente que vino a Perú por intercambio estudiantil. La sentencia ha sido cuestionada socialmente pero amparada en el Código Penal debido a que el agresor era adolescente cuando cometió el delito. ¿Las medidas socioeducativas son suficientes para reformar a alguien que drogó y abusó de una menor?

Ha pasado un poco más de dos años desde que Mackenzie Severns puso una denuncia por abuso sexual contra Vicente Pastor Delgado, exestudiante del colegio Markham. Víctima y agresor eran menores de edad cuando el delito fue cometido y, recién este 30 de setiembre, el Poder Judicial sentenció por violación al investigado y dispuso una pena de 12 meses de libertad restringida en su contra, además del cumplimiento de medidas socioeducativas por el plazo de un año. ¿Pesaron privilegios de clase en la sentencia? ¿El tiempo de rehabilitación para un agresor sexual es suficiente?

La resolución del juez Pablo Nina Valero, del Quinto Juzgado de Familia de Lima, también incrementó la reparación económica a favor de la agraviada a 30.000 soles (inicialmente era de 15.000). Además, la Embajada de Estados Unidos le ha retirado la visa y el sentenciado no podrá ingresar al país norteamericano, el abogado de la parte acusatoria, Sandro Monteblanco.

Vicente Pastor, que ahora es mayor de edad, no será recluido en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como Maranguita. Asimismo, debe llevar terapias psicosociales en uno de los Servicios de Orientación Adolescente (SOA) del Poder Judicial. Además, cada tres meses el director del SOA emitirá al juzgado informes sobre las asistencias y las terapias, de acuerdo al fallo judicial.

“Poder económico”

El hecho de que Pastor Delgado obtenga esta pena, cuestionada socialmente, pero legal en el ámbito penal, obedece a su condición de menor de edad al momento de cometer el crimen de violación sexual, según el Código Penal y así lo recoge la sentencia. Aún así, queda la duda sobre la posibilidad de si la habría obtenido sin el sustento económico de su familia.

“Si este muchacho violador no fuese quien es, no tuviese los recursos económicos que tiene, si viviese en SJL o SMP lo más probable es que en este momento estuviese en Maranguita. Es la realidad. Lamentablemente el poderío económico significa que la ley no aplica necesariamente para ti. Aplica para otros que no pueden pagar un sinfín de abogados —los más prestigiosos del país— dicho sea de paso”, denuncia el abogado de la víctima, Sandro Monteblanco.

“Estamos agradecidos con el Juzgado correspondiente. No obstante, nos deja el sinsabor de injusticia. Una vez más nos recuerda el país en el que vivimos, cómo son las cosas”, añade.

Él explica que las penas para menores de edad suelen ser más duras. “En este caso concreto es un delito contra la libertad sexual con incapacidad de ejercer defensa, estuviésemos viendo una sentencia similar, pero efectiva. Hubiese tenido que purgar esa misma cantidad de tiempo y las terapias psicosociales las hubiese llevado con expertos, pero dentro del establecimiento para menores llamado Maranguita”, indica.

La antropóloga y especialista en género Angélica Motta señala que la posibilidad de rehabilitación se debería buscar en los sistemas de justicia reparativa, pero lo discutible en el caso de Vicente Pastor sería el privilegio de la pena obtenida por pertenecer a una clase social acomodada.

Podemos decir que de repente es mejor no tener un sistema muy punitivista sino que se dirija más hacia la reparación de la víctima y hacia la rehabilitación del agresor. No es algo malo pensar en un sistema de justicia que vaya en ese sentido”, señala.

“A mí lo que me parece problemático en este caso es hasta qué punto han pesado los privilegios de clase de esta persona. Hasta qué punto esto habría pasado si se tratara de un muchacho de una clase social más baja. ¿La justicia habría actuado de la misma manera? ¿Se le habrían dado esas prerrogativas?”, indica.

La ley penal parte de la presunción de que aquellos adolescentes que se encuentran entre 14 y 17 años de edad no se les va a reprochar socialmente lo mismo que a un adulto y que, por ello, Vicente Pastor obtuvo una pena socioeducativa, explica a La República la abogada Miriam Vásquez, asesora legal del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

“La finalidad para los menores de edad es que se reinserten a la sociedad, se resocialicen y tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, pero en este caso en particular es controversial, porque la sentencia ha llegado cuando él es mayor de edad”, señala y añade que, por ello, tampoco podría ir a Maranguita, puesto que es un centro para menores.

“Esta sentencia definitivamente es un reflejo, una prueba clara de las consecuencias de una justicia tardía. Las consecuencias de una justicia que no llega a tiempo, de una justicia no inmediata, sesgada por los estereotipos de género”, añade.

La sentencia establece que Pastor debe seguir esta terapia socioeducativa por 12 meses. Sin embargo, especialistas cuestionan que sería “irreal” que en un año se rehabilite a un joven que cometió dicho delito.

Un proceso revictimizante para Mackenzie

En noviembre del 2018, la fiscal Lourdes Morales archivó la denuncia contra Pastor. Para ella no configuraba el delito de violación porque la adolescente no manifestó sufrir violencia física y no presentaba lesiones.

Sandro Monteblanco, abogado de Mackenzie, presentó un recurso de queja y la Segunda Fiscalía Superior de Familia de Lima dispuso que se reabra el expediente y se formalice denuncia.

Apelación del sentenciado

Enrique Ghersi, abogado de Pastor, señaló que presentará una apelación a la sentencia ante la misma instancia.

“Lo bueno de decir la verdad es que es una sola. La otra parte tiene que prepararse para presentar una apelación, pero ¿va a ser una apelación en base a qué? ¿En base a supuestas mentiras que ha señalado mi patrocinada? Que me muestren una sola. No la hay. Desde el primer día mi patrocinada señaló: ‘fui drogada y fui violada’”, apunta Monteblanco.

“El juez también en su resolución señala verosimilitud, coherencia, solidez y persistencia de su incriminación brindando siempre un relato coherente y espontáneo. El juez le cree, sin duda alguna, a nuestra patrocinada”, aclara el abogado de Mackenzie.

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